El gobierno de Nicolás Maduro ha lanzado, posiblemente, la campaña de propaganda más costosa e intensa de los últimos tiempos en su defensa, desplegando un arsenal de afiches, concentraciones, camisetas y mensajes en redes. Incluso se ha instruido a la Fuerza Armada y a empleados públicos para que participen activamente en esta ofensiva mediática. Todo, como si fuera un festival… pero sin música y con bastante más uniformes.
El objetivo es contrarrestar el impacto del anuncio de la fiscal estadounidense Pamela Bondi, quien recientemente aumentó a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a la captura del mandatario, considerado por Washington como “ilegal e ilegítimo”. Maduro ha posado junto a sus principales ministros, Vladimir Padrino y Diosdado Cabello, para mostrar que, al menos en imagen, cuenta con respaldo de quienes portan armas y uniforme.
En paralelo, se han distribuido cientos de mensajes en los canales oficiales y en millones de cuentas administradas por los llamados “laboratorios de redes”, además de una instrucción tácita para que cada dirigente chavista refuerce la narrativa en sus cuentas de WhatsApp, X, Instagram, TikTok y Facebook. Sí, prácticamente la misma estrategia que un influencer, pero con más tanques.
La versión de la Fuerza Armada
Desde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), el ministro de Defensa ha presentado la respuesta de Washington como una represalia por las acusaciones de Diosdado Cabello, quien días antes denunció una supuesta operación conspirativa que incluía la incautación de material explosivo en Monagas.
El jefe del Comando Estratégico Operacional (Ceofanb), Domingo Antonio Hernández Lárez, ha supervisado la producción de videos “patrióticos” grabados por mandos militares en sus respectivas unidades, todos con un guion prácticamente idéntico.
El Esequibo como distracción
Mientras tanto, la vicepresidenta Delcy Rodríguez ha vuelto a poner sobre la mesa el tema del Esequibo, presentándolo como una causa nacional. Anunció que Venezuela entregó un nuevo documento ante la Corte Internacional de Justicia, aunque dejó claro que no reconocen el proceso ni acatarán cualquier sentencia. En pocas palabras: “participamos, pero no aceptamos el resultado si no nos gusta”.
Represión y detenciones recientes
En un contexto de creciente tensión, los cuerpos policiales han intensificado las detenciones de activistas y opositores. Entre las medidas más polémicas: prohibir visitas y entrega de paquetería a presos políticos como Josnars Baduel y el periodista Carlos Julio Rojas, detenido desde hace más de un año.
En los últimos días, fue arrestado Omar Vázquez Lagonel, ex comisario de la DISIP y vicepresidente de la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados. Organizaciones laborales denuncian que su desaparición forzada se da en el marco de la represión posterior a las elecciones de julio de 2024, cuyos resultados —favorables a Edmundo González Urrutia— el oficialismo no reconoce.
También fue detenida Martha Lía Grajales, defensora de derechos humanos y miembro del colectivo Surgentes, imputada por “incitación al odio, conspiración con gobierno extranjero y asociación”. Su familia tuvo que recorrer varias sedes policiales antes de que se confirmara su reclusión en la DIP de la Policía Nacional Bolivariana.
Grajales había sido agredida días antes por fuerzas de choque frente al Tribunal Supremo de Justicia durante una vigilia por presos políticos. La detención ha despertado condenas de organismos internacionales, incluyendo al Alto Comisionado de la ONU para los DDHH y las Madres de Plaza de Mayo.
El caso Baduel: persecución familiar
La represión también ha alcanzado a las hermanas Baduel. Andreina Baduel, hija del fallecido exministro de Defensa Raúl Isaías Baduel, denunció que su hermano Josnars sufre aislamiento total en prisión. Andreina ha sido objeto de vigilancia, seguimiento de vehículos sin identificación y presencia policial intimidatoria frente a su casa, especialmente después de su participación en una rueda de prensa sobre violaciones de DDHH en la UCV.
Su hermana Margareth Baduel también ha denunciado acoso. El Observatorio para la Protección de los Defensores de DDHH ha solicitado medidas urgentes para proteger a ambas, advirtiendo que la persecución contra familiares de presos políticos es una práctica cada vez más evidente.
